Construir sin un Permiso de Edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales constituye una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esta situación puede derivar en multas, paralización de obras y la obligación de regularizar o incluso demoler lo construido, dependiendo del caso.

Además, una construcción sin permiso no puede obtener Recepción Final, lo que afecta la venta, arriendo, obtención de créditos y el valor comercial de la propiedad.

Una revisión normativa previa permite identificar si el proyecto requiere permiso y cuál es el procedimiento correcto antes de iniciar obras.

El plazo legal de revisión de un Permiso de Edificación está regulado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En la práctica, los plazos pueden extenderse significativamente cuando el proyecto presenta errores, inconsistencias normativas u observaciones técnicas.

La mayoría de los retrasos se producen por:

• Falta de cumplimiento normativo

• Antecedentes incompletos

• Interpretaciones incorrectas del Plan Regulador

Un proyecto bien revisado antes de su ingreso reduce observaciones y acorta los tiempos reales de tramitación.

Las observaciones municipales se generan cuando el proyecto no cumple total o parcialmente con la normativa urbanística vigente, ya sea a nivel de:

• Uso de suelo

• Coeficientes urbanísticos

• Rasantes, distanciamientos o alturas

• Condiciones de seguridad y habitabilidad

En muchos casos, las observaciones no se deben al diseño en sí, sino a una falta de análisis normativo previo.

Anticipar estos criterios antes del ingreso permite ordenar el proyecto y evitar reprocesos innecesarios.

na edificación sin Recepción Final no se considera legalmente terminada, lo que puede generar problemas para:

• Vender o arrendar la propiedad

• Solicitar créditos hipotecarios

• Obtener patentes comerciales

• Regularizar ampliaciones posteriores

En muchos casos, es posible regularizar la situación, pero el procedimiento depende del estado real de la construcción y del cumplimiento normativo. Un diagnóstico técnico permite definir la mejor estrategia de regularización.

En Chile, para construir, ampliar o modificar una edificación es obligatorio obtener un Permiso de Edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) antes de iniciar las obras, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC, art. 5.1.1).

Este permiso debe contar con el patrocinio de un arquitecto o profesional competente, según el tipo y alcance del proyecto.

Existen algunas excepciones puntuales que no requieren permiso, como:

• Obras interiores no estructurales

• Trabajos de mantención

• Cierros interiores

• Elementos exteriores sin cimientos

• Instalaciones interiores adicionales

• Piscinas privadas ubicadas a más de 1,5 m del deslinde

Sin embargo, cada caso debe evaluarse técnicamente, ya que el tipo de trámite (obra nueva, obra menor, ampliación u otro) depende de la escala y características del proyecto, según lo establecido en el Título 5 de la OGUC.

Antes de construir, lo más recomendable es realizar una evaluación normativa previa para saber exactamente qué permiso corresponde y evitar multas, paralizaciones u observaciones posteriores.

Sí. En Chile, los procesos de regularización de obras de edificación requieren obligatoriamente el patrocinio de un profesional competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Dependiendo del tipo de obra y del procedimiento aplicable, este patrocinio puede corresponder a un arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, según sus áreas de competencia. En el caso de viviendas, ampliaciones y edificaciones habitacionales, el rol del arquitecto es clave, ya que debe verificar el cumplimiento normativo, elaborar los antecedentes técnicos y gestionar el trámite ante la Dirección de Obras Municipales.

Actualmente, no existen mecanismos vigentes que permitan regularizar una edificación sin el patrocinio profesional correspondiente.

Contar con un arquitecto desde el inicio permite evaluar la viabilidad real de la regularización, evitar rechazos y ordenar el proceso para obtener la Recepción Final sin contratiempos.

La Ley N°20.898, conocida como Ley del Mono, permite regularizar viviendas construidas sin permiso municipal, siempre que cumplan ciertos requisitos y hayan sido edificadas antes del 4 de febrero de 2016.

Existen dos modalidades de regularización, según las características de la vivienda:

• Modalidad 1: Viviendas de hasta 90 m² y con un avalúo fiscal que no supere las 1.000 UF.

• Modalidad 2: Viviendas de hasta 140 m² y con un avalúo fiscal de hasta 2.000 UF.

Para acogerse a este beneficio, la solicitud debe:

• Cumplir con los límites de superficie y avalúo fiscal.

• Acreditar que la construcción es anterior a la fecha indicada.

• Contar con el patrocinio de un profesional competente, quien asume la responsabilidad técnica de la edificación y presenta los antecedentes ante la Dirección de Obras Municipales.

Una evaluación técnica previa es fundamental para confirmar si tu vivienda puede acogerse a esta ley y definir la estrategia de regularización más adecuada, evitando rechazos o procesos incompletos.

Antes de arrendar, comprar o invertir en un inmueble para desarrollar una actividad comercial, es fundamental verificar que dicha actividad sea compatible con el uso de suelo y la normativa urbanística de la comuna.

Esto implica revisar:

• El Plan Regulador Comunal y su Ordenanza Local.

• La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

• Que el inmueble cuente con los permisos de edificación y recepciones municipales vigentes para la actividad que se desea desarrollar.

Muchas solicitudes de patente se retrasan o rechazan porque el local no cumple con el uso de suelo permitido o presenta observaciones normativas y constructivas que no fueron evaluadas antes del arriendo o la compra.

Realizar una revisión normativa y técnica previa permite confirmar si el local es viable para la actividad comercial, evitando inversiones mal evaluadas, rechazos municipales y pérdidas de tiempo y dinero.

¿Por qué razones se puede paralizar una obra de construcción?

La Dirección de Obras Municipales puede ordenar la paralización de una obra cuando se detectan incumplimientos graves a la normativa vigente, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el artículo 5.1.21 de la OGUC.

Entre las principales causas de paralización se encuentran:

• Ejecutar obras sin contar con Permiso de Edificación aprobado.

• No tener un constructor responsable a cargo de la obra.

• No mantener en obra la documentación obligatoria, como el permiso aprobado, planos, Libro de Obras y antecedentes de control de calidad.

• No informar o regularizar el cambio de profesionales competentes o de propietario durante la ejecución de las obras.

• Existencia de riesgo inminente para terceros, sin las medidas de seguridad adecuadas.

• Ejecutar la obra en forma distinta a lo aprobado, es decir, en disconformidad con los planos y especificaciones técnicas autorizadas.

Una paralización puede implicar multas, retrasos prolongados, costos adicionales y la obligación de regularizar lo ejecutado, afectando directamente la viabilidad del proyecto.

Una revisión técnica y normativa previa, junto con una correcta gestión del permiso y del proceso constructivo, es clave para evitar fiscalizaciones, paralizaciones y pérdidas innecesarias.

La viabilidad normativa corresponde a la verificación de que un proyecto es compatible con la normativa urbanística vigente, considerando el instrumento de planificación territorial aplicable, la OGUC y la LGUC.

Un proyecto viable normativamente es aquel que puede ser aprobado por la DOM sin modificaciones estructurales posteriores.

Evaluar esta viabilidad antes de diseñar o ingresar un proyecto es clave para proteger la inversión.

Sí. La revisión normativa, evaluación de viabilidad y gestión de permisos puede realizarse de manera remota, analizando la normativa comunal aplicable y coordinando la tramitación ante la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

Esto permite acceder a asesoría especializada independiente de la ubicación del proyecto.